Fuente: abcblogs.abc.es/espejo-de-navegante | Jesús García Calero | 26 de septiembre de 2013

Ha sido realmente espectacular la operación Circinus de la Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, que ha desmantelado una presunta red de expolio arqueológico sumergido. A lo ya sabido, los 10 detenidos  (5 en Gerona, 1 en Barcelona y 4 en Menorca) se suman ahora nuevos detalles. El principal y muy importante, según fuentes de la Benemérita, es que entre los detenidos figura el informático de la fundación Argo Maris. Los especialistas del instituto armado están desentrañando la gran cantidad de material incautado durante la operación, que siguió a más de tres años de investigaciones.

En concreto, nos comentan que se han intervenido una veintena de discos duros repletos de información (de capacidades comprendidas entre 10 gigas y un terabyte) cuyo volcado será un verdadero banco de datos sobre las actividades de los acusados. Y resulta bien triste que los expoliadores llevasen el disfraz de arqueólgos. Incluso se les recuerda siguiendo contaimado interés las sesiones del primer congreso de Arqueología Subacuática de España celebrado en el Arqua en marzo de este mismo año.

No es de extrañar, visto el desparpajo con el que salen en su propio vídeo de promoción, persiguiendo ánforas y pecios con sus rovs, con pinta de arqueólogos.

El caso está en manos de la juez y gracias a la meticulosa investigación laFundación, una institución muy bien dotada económicamente, deberá vérselas con la justicia. Entre los diez detenidos figuran el presidente de la fundación “sin ánimo de lucro” Argo Maris, Josep Quera, y también su mujer;un arqueólogo; trabajadores de empresas relacionadas con la entidad y varios pescadores, que eran los que les informaban de la ubicación de los pecios.

En una rueda de prensa, el comandante jefe del Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de Madrid, Jesús Gálvez, explicó los detalles de una operación que, entre otros materiales, ha permitido la incautación de las embarcaciones de la fundación, el Bon Geni y el Bon Pigall, atracadas en Mataró (Barcelona) y Roses (Girona) respectivamente. Las naves tienen 18 y 23,8 metros de eslora respectivamente, y están equipadas con un sofisticado material técnico empleado en las prospecciones del fondo marino y extracción de los bienes localizados en el mismo.

UN MATERIAL QUE ESPAÑA NO POSEE

De hecho, un material que no posee ninguna de las instituciones que el Estado dedica a la arqueología subacuática. Cabe pensar que, si la investigación y el juicio llegan a buen puerto, estos materiales pasen al servicio de una disciplina que en España, desgraciadamente, ha sido noticia más veces por el expolio y los cazatesoros que por los logros y publicaciones científicas. Pero la noticia abre muchos interrogantes. Una vez más, contemplamos a empresas sin escrúpulos que recaban una información que los arqueólogos del Estado no poseen, ya que la falta de exploraciones, proyectos concretos y excavaciones sigue convirtiendo al patrimonio subacuático en el más desconocido de todos. Para poder proteger el patrimonio lo primero es conocerlo. La ecuación es clara…

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de la Bisbal de L´Emporda (Girona), ha sido llevada a cabo por el Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Comandancia del mismo Cuerpo de Girona. A los acusados se les imputan los delitos de hurto de objetos de valor histórico cultural, daños en yacimiento arqueológico, otro delito de apropiación indebida y otro de falsificación, ya que hacían reproducciones que vendían como auténticas.

GÁLVEZ: "DAÑOS INCALCULABLES"

Los técnicos del Centro de Actividades Subacuáticas de Catalunya (CASC)se encargarán ahora de valorar y datar los objetos decomisados, aunque Gálvez ya ha advertido de que el daño histórico hecho al sacar el material de los pecios es incalculable. La Guardia Civil, con competencia exclusiva en la protección de las aguas territoriales españolas,  recuerda a la opinión pública que la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español prohíbe expresamente la búsqueda, sin autorización, de restos arqueológicos, así como que si estos fueran hallados de forma casual o previa autorización, deben de ser entregados inmediatamente a la administración.