Manuela Lago y Gil Birués de Segovia junto a la reproducción de una de las tumbas que hallaron.

Vía: EL MUNDO.es | EFE | 1 de mayo de 2012

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Junta de Andalucía contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad que ordenó premiar a los descubridores de los restos arqueológicos del Paraje de Monte Bajo, en Cádiz, por el valor total de la necrópolis, y no sólo de los fragmentos hallados.

Según la Ley de Patrimonio Histórico, el descubridor y el propietario del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales.

El caso de Diego Gil Birues de Segovia y Manuela Lago López se remonta a 2004, cuando este matrimonio encontró varios restos óseos y fragmentos de cerámica procedentes de una sepultura en el término municipal de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Tras comunicar su descubrimiento a las autoridades, el personal técnico que se trasladó a la zona "comprobó la existencia de estructuras excavadas en el terreno natural, así como ostostratos que podrían configurar dólmenes de pequeño y mediano tamaño y por tanto estructuras funerarias artificiales".

Intervención arqueológica

Su hallazgo desencadenó una intervención arqueológica, dando lugar finalmente a la localización de otras sepulturas y al descubrimiento de la Necrópolis del Paraje del Monte Bajo con restos funerarios de hace más de 5.000 años, que constituye uno de los yacimientos más importantes de la provincia.

Todo esto lo reconoció en 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una sentencia en la que estableció que el premio que correspondía al matrimonio debía ser cuantificado en función de la valoración total del patrimonio hallado, que fue tasado en 15.800 euros.

Sin embargo, la Junta de Andalucía recurrió esta sentencia al considerar que el premio en metálico que la ley concede al descubridor debía calcularse tomando en cuenta sólo el valor de los restos y fragmentos hallados por el matrimonio.

El Supremo, no obstante, indica que en el caso del yacimiento de Monte Bajo, "lo hallado inicialmente no es un todo en sí mismo, que como tal pueda separarse e individualizarse del resto de lo luego localizado", sino que "el hallazgo inicial fue la causa desencadenante de la localización del todo".

El precedente de Carranque, en Toledo

Así, recuerda la decisión que el TS adoptó en 1992 en relación a la villa romana de Carranque (Toledo), descubierta tras el hallazgo de un pastor que encontró parte de un mosaico romano del siglo IV d.C.

El Supremo rechazó entonces que en la indemnización al descubridor se tuviera en cuenta únicamente el mosaico hallado en primer lugar y decidió que, a los efectos de calcular el premio, la base de la tasación debía ser el valor del conjunto de los mosaicos descubiertos.

Ese mismo criterio emplea ahora el Supremo para señalar que la indemnización que deben recibir los descubridores del Paraje de Monte Bajo, como también estableció el TSJA, sería la mitad de la valoración total del conjunto arqueológico, es decir, 7.900 euros.

La sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, concluye que esa recompensa "no comporta un enriquecimiento injusto para el descubridor, pues el premio en metálico de este tiene por causa y como contrapartida el enriquecimiento del Patrimonio Histórico logrado también con su hallazgo".

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En su día se publicó la noticia que va más abajo de este breve comentario y que conviene leer para tener más datos sobre este interesante y lamentable proceso, pues, a tenor de ella, el resultado final es, para el matrimonio descubridor, igual a cero euros, dado que, según la información que sigue, ya habían recibido, en su día, de la Junta de Andalucía 7.900 euros de indemnización, es decir, la misma cantidad que ahora el Tribunal Supremo obliga a pagarles.

Ciertamente, con estas leyes, y con este proceder administrativo kafkiano (que obliga a litigar llegando hasta el Supremo para obtener una indemnización adecuada ante un descubrimiento arqueológico realizado), no es de extrañar que en España asistamos a un expolio furtivo generalizado de nuestro patrimonio arqueológico. Vamos apañados. Y más ahora que no se destina un sólo euro para realizar excavaciones arqueológicas ante la pavorosa crisis económica que arrastramos. Crisis que, a buen seguro, traerá como consecuencia añadida (y más después de leer esta noticia) un incremento de tal furtivismo arqueológico.

En fin, cuando uno sigue comparando este tipo de historias con los limpios y eficaces procederes que, por ejemplo, llevan a cabo en Inglaterra con los descubridores de tesores y yacimientos arqueológicos, no puede dejarse de evitar sentir una profunda frustación.

Foto: Una vista de neecrópolis del Paraje de Monte Bajo

Premiados con todas las de la ley

Vía: diariodecadiz.es | T. Ramos| 14 de febrero de 2010

Aquí no se trata de un premio en un concurso de televisión por adivinar quién es el personaje misterioso. La Administración, la Junta de Andalucía, no parece que ponga ahí problemas: usted va a Canal Sur, adivina y ellos le pagan a tocateja 3.000 euros. No, ahí no hay discusión. La discrepancia, las pegas, el conflicto, en fin, parece que viene cuando hay que compensar a los descubridores de una joya arqueológica que en lugar de callarse, recoger, poner a buen recaudo el tesoro y sacarle luego un buen pellizco en el mercado ilegal, optan por dar cuenta a la Administración, entregan lo primero que encuentran, se preocupan de que el lugar no sea expoliado, reclaman por escrito una actuación urgente que salve el tesoro cultural y, después, ayudan con entusiasmo a los arqueólogos.

La ley prevé una compensación para quienes, como hicieron Manuela Lago y Gil Birués de Segovia Diego, piensan antes en el patrimonio de todos que en su propio beneficio cuando se topan con unos restos arqueológicos. Es un modo de intentar frenar el expolio, de impedir el inevitable negocio ilegal de piezas.

Pese a ello, pese a que la ley está ahí, Manoli y Gil, vecinos de Benalup-Casas Viejas, han tenido que pleitear con la Junta de Andalucía para que se les reconozca, como ahora dice una sentencia, el derecho a percibir un premio legal por el hallazgo de una necrópolis.

Manoli y Gil son los descubridores de la necrópolis de Monte Bajo, en Alcalá de los Gazules, un yacimiento de la Edad del Cobre y los inicios de la Edad del Bronce, unas tumbas de hace cinco mil años. Una gran joya. Ellos recuerdan ahora que la Junta de Andalucía los despachó en principio con mil euros. Luego, cuando supieron que les habían tomado el pelo y reclamaron, les dieron 7.900 euros: por las piezas que recogieron y entregaron al encontrar el yacimiento. Ahora, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anula esa tasación y obliga a la Junta a hacer otra: a compensar a los dos vecinos de Benalup con una cantidad que tenga en cuenta el valor de todo el descubrimiento.

"Si la ley de Patrimonio contiene medidas de fomento que integran una parte de la regulación del Patrimonio Histórico y su finalidad es estimular las conductas que faciliten su acrecentamiento", argumenta el TSJA, "sería absurdo con la interpretación que sostiene la Administración (de sólo valorar los bienes muebles encontrados) que sea más valorable el descubrimiento de un simple objeto que el conjunto unitario del que forma parte".

La resolución no deja lugar a la duda. La Junta no tiene que tasar sólo el hacha, las vasijas, el cuchillo de sílex, los vasos, las flechas y otros objetos que Manoli y Gil recogieron en la presa del Barbate en septiembre de 2004. Gil había ido a pescar a la presa del Barbate y encontró un cuenco. Se lo llevó a casa y siete días después fue a pescar al mismo lugar. Esta vez lo acompañaba Manoli. Fue entones cuando se toparon con las vasijas, el hacha... Se lo comunicaron al Ayuntamiento y a la Delegación de Cultura. Un arqueólogo se desplazó a Alcalá y ellos lo acompañaron para señalarle el sitio, el lugar del hallazgo.

Manoli y Gil se entusiasmaron con el hallazgo. Allí estaban las huellas de las gentes que habitaron aquella zona en el tercer milenio antes de Cristo. Los que dejaron sus pinturas en las cuevas del Tajo de las Figuras. ¿Cómo no emocionarse al tocar sus objetos, al observar la estructura que había salido a la luz al descender las aguas del pantano?

Tras colaborar con los arqueólogos que excavaron la estructura funeraria, la pareja siguió visitando el lugar. El agua siguió bajando y dejó al descubierto otras tumbas. Entonces, en junio de 2005, Manoli y Gil, preocupados ante el riesgo de expolio, acudieron a la Delegación de Cultura y solicitaron un plan de excavación urgente que evitase el desastre.

"Fue una historia muy bonita", recuerda Manoli desde su casa de Benalup. Se integraron como voluntarios en el equipo de la Universidad de Cádiz que se ocupó de la excavación. Y fueron unos meses inolvidables, apasionantes.

La decepción llegó después. Cuando sintieron que los dejaban de lado, que no les reconocían su papel en el descubrimiento de la necrópolis. En Cádiz, en la presentación de los restos arqueológicos, tuvieron la sensación de que ni los miraban.

Cuando les llegó la compensación económica, pensaron que no les estaban reconociendo lo que en realidad hicieron. Decidieron pleitear y una sentencia les ha dado ahora la razón. "La verdad es que ha sido una sorpresa", comenta Manoli. "No esperábamos que fuesen a reconocer que nosotros hallamos la necrópolis. Pero así fue".