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Vista aérea de uno de los conjuntos megalíticos localizados en la finca La Torre-La Janera, Huelva. JUNTA DE ANDALUCÍA.
En un primer sondeo del lugar se han podido entrever un conjunto espectacular y singular. Se habla de menhires, dólmenes y un recinto circular destinado al estudio del cielo y su ciclos. La finca, de 600 hectáreas, La Torre-La Janera, se sitúa en la frontera de Portugal con Huelva cerca del río Guadiana.
El excepcional yacimiento arqueológico descubierto en 2018 entre los municipios onubenses de Ayamonte y Villablanca, el sitio La Torre-La Janera, ha terminado en los tribunales por supuestos daños en el conjunto. Los destrozos los habría ocasionado un movimiento de tierras en la finca, dedicada al cultivo de aguacates. El conjunto se sitúa en la orilla española del Guadiana como uno de los centros megalíticos más importantes de Europa, en el que se han documentado hasta la fecha unos 1.000 menhires —levantados entre el V y el II milenio a.C.—, y tras abrirse la investigación la comunidad científica no le quita ojo.
En las diligencias en curso para conocer el estado de los restos arqueológicos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ayamonte mantiene en calidad de investigado por presunta prevaricación y daños al patrimonio al ex delegado de Cultura de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, que se mantiene al frente de la cartera de Fomento tras las últimas elecciones autonómicas. Se investiga también por los supuestos daños a dos responsables de la empresa Valle del Guadiana S. L., titular de la finca. Las denuncias fueron puestas en manos de la Fiscalía de Huelva por ecologistas y Adelante Ayamonte.
La causa lleva casi tres años de recorrido en el juzgado, ante el que la Junta ha solicitado el sobreseimiento, y se está a la espera de que las partes, incluido el Ministerio Público, emitan sus respectivos pronunciamientos, confirman fuentes judiciales.
"Los daños no están acreditados y si existen son anteriores a nosotros, ya que se trata de una finca que se ha estado cultivando durante 50 años", afirma uno de los administradores de Valle del Guadiana S.L., Antonio Marín. El empresario incide en que la intervención en La Torre-La Janera ha contado en todo momento con la supervisión de arqueólogos y de la Junta de Andalucía. "No hemos dado ni un solo paso sin ellos", dice.
Foto: Linares-Catela
De las 600 hectáreas con las que cuenta la finca, más de 300 están en cultivo, mientras que la superficie restante permanece, según Marín, bajo investigación de los arqueólogos después de una triple prospección tras las que han dejado "zonas acotadas y separadas, con protección integral". "Somos los primeros interesados en preservar el patrimonio", incide. Continúe (o no) el procedimiento judicial, la intención de Valle del Guadiana es poner en valor el yacimiento, a través de un convenio con la Junta, para que el hallazgo "sea accesible a la gente".
El mayor conjunto megalítico descubierto en el sur de Europa en las últimas décadas salió a la luz a raíz de la investigación realizada por el equipo de arqueólogos de la empresa Ánfora, contratada por los propietarios de los terrenos para llevar a cabo una evaluación del patrimonio histórico en la finca, previo al cultivo de aguacates. Tras los trabajos de prospección y documentación, Ánfora avanzó ya en su informe, en el otoño de 2018, que se trataba de un espacio de ocupación prehistórico "de enorme interés" debido a la presencia de más de un millar de megalitos, cuya "profusión y variedad", junto a la existencia de arte rupestre asociado, situaban al lugar como "un caso de estudio único" para el conocimiento histórico y la interpretación del fenómeno megalítico en el suroeste peninsular. Consideraba, además, que, dada su importancia, el yacimiento fuera objeto de "tratamiento específico para asegurar su investigación sistemática y garantizar su preservación como bien cultural y patrimonial".
Aquel informe quedó en un compás de espera ante la convocatoria de las elecciones andaluzas de diciembre de 2018. Tras el cambio de gobierno, en los meses siguientes, se emitieron desde el departamento de Cultura en Huelva dos resoluciones firmadas por Correa, una primera que negaba cualquier movimiento en la finca y una segunda que vino a modificar algunos aspectos para la transformación de los terrenos.
Poco después, la misma Consejería tomaba las riendas desde Sevilla en la toma de cualquier decisión relacionada con el yacimiento prehistórico de La Torre-La Janera, y anunciaba (vía BOJA) la resolución de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental, por la que se avocaba la competencia para autorizar los procedimientos de las actividades arqueológicas que se realicen en las referidas fincas por el "carácter único" del descubrimiento.
Localización de los diferentes elementos arqueológicos identificados de La Torre-La Janera (Ayamonte-Villablanca, Huelva). Cartografía: Linares-Catela.
Desde entonces, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Huelva, con participación de expertos de la Universidad de Alcalá, viene investigado el enclave en el marco del proyecto 'Mega-Lithos'. Sus conclusiones han quedado recogidas en la revista científica Trabajos de Prehistoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIF). Los expertos han constatado que en la zona existe una gran cantidad y variedad de megalitos (menhires, dólmenes, túmulos, cistas y recintos) de diferentes periodos y con significados distintos. Destacan su conservación y el hecho de que no exista otra área en la península ibérica de similares características.
La transformación de la Torre-La Janera para el cultivo de aguacates es el segundo proyecto que han emprendido los propietarios en los últimos años. Antes, la empresa Cítricos del Guadiana S.L. (hoy Valle del Guadiana S.L.) planteó al Ayuntamiento la construcción de un complejo turístico en la parcela en un momento en que se iba a revisar el planeamiento urbanístico. De hecho, el pleno del Consistorio dio luz verde a la iniciativa en 2005. Sin embargo, las administraciones superiores frenaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El Consistorio no hizo movimientos para corregir las deficiencias que provocaron la suspensión transitoria de la tramitación del PGOU, por lo que la empresa le reclamó la devolución del dinero que había puesto en cuenta para el proyecto y, al encontrarse con una negativa, recurrió a los tribunales. Finalmente, un juzgado de Huelva (Contencioso-Administrativo) condenó al Ayuntamiento de Villablanca a devolver dicha cantidad (cerca de 700.000 euros) a la empresa, que había adelantado el dinero en concepto de convenio urbanístico para una actuación que nunca realizó el Consistorio.
Fuente: elconfidencial.com | 25 de septiembre de 2022
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