Archivan tras cinco años la mayor operación contra el expolio en décadas

El juzgado entiende que no hay pruebas contra los 85 implicados y pide que se devuelvan las miles de piezas arqueológicas incautadas en 'Mosaico-Carolina'

Fuente: Juan Esteban Poveda, Jaén | Ideal.es, 24 de febrero de 2016

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de La Carolina ha dictado un auto que decreta el archivo y sobreseimiento provisional de la 'Operación Mosaico-Carolina'. En 2010 las autoridades la consideraron el mayor operativo de las últimas décadas en España contra el expolio arqueológico, con 85 detenidos y miles y miles de piezas intervenidas. Finalmente, otro 'bluff' que sumar la larga lista de fracasos en la lucha contra el saqueo del Patrimonio. El juzgado ordena además que cuando la resolución sea firme se devuelvan a los implicados las antigüedades y piezas que aún estaban en manos de la Justicia.

La instrucción de cinco años ha sido un suplicio para el juzgado, donde solo mentar las diligencias 1071/2010 estremecía a todos. Más de 70.000 folios en decenas de tomos. Sólo tomar declaración a los detenidos se ha llevado prácticamente un lustro. Finalmente, el 9 de febrero pasado el juzgado entendió que «no existe elemento probatorio alguno que desvirtúe lo declarado por los investigados (.) sin que resulte procedente mantener 'in eternum' una investigación sobre hechos que se mantienen como meras sospechas sin que se hayan podido obtener datos concretos sobre los que poder pergeñar y sostener una imputación de hechos concretos». Así que se archiva. El Fiscal aún puede recurrir.

La investigación se inició tras descubrirse un expolio en las obras del AVE entre Jaén y Linares, cerca de Cástulo, en 2009. Las pesquisas practicadas en Linares llevaron a supuestos 'piteros', comerciantes, intermediarios y compradores que se movían en torno al comercio de piezas arqueológicas supuestamente expoliadas tanto de Linares.

A La Carolina

La pista llevó a los investigadores a La Carolina, donde se detectó que además de mercadeo con piezas arqueológicas se podría estar produciendo también tanto tráfico con piezas de oro supuestamente antiguas como también con otras mercancías ilegales. Las diligencias se trasladaron a La Carolina. El asunto tomó ya dimensión nacional y los investigadores comienzan a atar cabos en una madeja de la que tiraban a la vez Guardia Civil y Policía Nacional.

Los investigadores sospechaban que la red de expoliadores desmantelada disponía de piezas sacadas ilegalmente de La Vega de Montiel y Cerro Albahacas en Santo Tomé, del Castillo del Giribaile, de Torredonjimeno, del poblado de la Verónica de Baños, de Peal de Becerro, de hasta siete enclaves cercanos a Cástulo (Patas, Puerta Norte, Estacar de Rabanicos, Molino de Caldona, Baños de la Muela, Cerrillo de los Gordos y el Estacar de Lucio), otros cuatro puntos en Porcuna (Cerrillo Blanco, Cerro de Peñuela, Cerro de Albalate y Cerro de Alcores), dos más en Castellar (Atalaya y cerro del Castillo) y en uno más de Santisteban del Puerto. Pero sobre todo de Cástulo.

Las autoridades judiciales y la Subdelegación del Gobierno de Jaén prepararon la operación minuciosamente. Una operación muy compleja: había que hacer más de cincuenta registros en una docena de localidades en Jaén (se habla de cien registros en toda España) de forma simultánea, para evitar avisos y filtraciones. Hubo registros en Jaén (con varios comerciantes implicados), Linares, La Carolina, Bailén, Andújar, Martos, Carboneros, Alcalá la Real y otros municipios. Se intervino también en Córdoba, Málaga, Granada, Madrid y Valencia.

La Guardia Civil practicó 57 arrestos en toda España, 26 de ellos en Jaén), y se incautó de 7.000 objetos de valor artístico o histórico supuestamente expoliados. La Policía Nacional, (23 detenidos en Jaén) por su parte, intervino casi 2.000 monedas, 557 objetos (desde pintura religiosa del XVIII a columnas romanas, hasta un artesonado mudéjar completo) y 37 armas de valor histórico. Y una caja llena de marihuana. Trascendió la detención de un compraventa de oro en el centro de Jaén. Vinculada a este arresto se encontró un millón de euros en efectivo, unos 120 kilos de metales preciosos y, según sospechaban las autoridades, un sistema para blanquear el dinero.

«Red organizada»

Las autoridades hablaron entonces de una red organizada en torno al expolio desde los piteros hasta los operadores en el mercado a cierto nivel.

El caso comenzó a flojear a las primeras de cambio. Algunos de los implicados presentaron documentos que indicaban que las piezas que les habían incautado les acababan de ser devueltas tras el fiasco de la Operación Tertis. La segunda mayor operación en España contra el expolio en los últimos años, que también fue archivada y quedó en nada.

En 2011 ya hubo un primer amago de archivo. En 2104 se le dio un nuevo impulso a la instrucción con un nuevo juez y una nueva fiscal. A principios de este año aún debían tener sus dudas, pues declararon la causa como compleja en previsión de que la instrucción se pudiese alargar. Aunque al mes siguiente llegó el archivo.

Las piedras se le atragantan a la Justicia

Policías y fiscales ponen gran tesón en la lucha contra delitos de expolio y daños contra el Patrimonio, que pocas veces acaban en una sentencia dura para los infractores

Fuente: Juan Esteban Poveda, Jaén | Ideal.es, 11 de junio de 2016

«A pesar del rico patrimonio histórico y cultural de la provincia de Jaén, el número de diligencias judiciales sobre patrimonio histórico es muy limitado». La frase está sacada de una Memoria de la Fiscalía de Jaén. Es una coletilla que se repite en los informes anuales de la sección especializada en Patrimonio Histórico. A pesar de que el nombre de Jaén sale habitualmente en operaciones de cierto nivel contra el expolio y del enorme esfuerzo de Policía Nacional y Guardia Civil, de fiscales y de jueces, los casos de destrozos, expolio y trapicheos con piezas arqueológicas rara vez acaban en una sentencia ejemplarizante. En la mayor parte de las ocasiones se convierten en chascos judiciales, con piezas devueltas, causas archivadas, condenas leves o laberintos de difícil salida. En los últimos tiempos, además, los reveses se acumulan.

Hace apenas un mes, técnicos de Cultura remitieron a la magistrada Valle Elena Gómez, titular del Penal 1 de Jaén, un escrito en el que manifestaban la imposibilidad de llegar a un acuerdo con peritos designados por José Ramón M.M., autor confeso de los destrozos en un yacimiento arqueológico de Úbeda. Unos restos romanos que masacró con una pala excavadora en septiembre de 2005 para hacer una balsa de riego. El 8 de enero pasado, casi siete años después de los hechos, se sentó en el banquillo. Admitió su culpa. De viva voz se le impuso una condena de prisión permutable por menos de 500 euros de multa. La magistrada dejó pendiente de acuerdo entre las partes una espinosa cuestión: cuánto valen los destrozos. Según la Junta, 2 millones de euros. José Ramón M.M. dice que mucho menos. Está dispuesto hasta a ceder el terreno, pero no a pagar ni esa cantidad ni nada que se le parezca. Sus peritos dicen que no se pueden calcular los daños. Así que la Justicia ha llegado a un callejón sin salida, y se corre el riesgo de que arrasar un yacimiento catalogado y protegido salga por menos de 500 euros.

En mayo de 2011, la Policía Nacional se incautó en un domicilio de Úbeda de 514 piezas que se sospechaba procedían de expolios arqueológicos o del reverso tenebroso del mercado del arte. Se bautizó como la ‘Operación Profesor’. La Policía la consideró una «importantísima colección». Ánforas, lucernas, capiteles, columnas, columnas, monedas. Tres años después la colección ha sido devuelta a F.L.F., de 65 años, el propietario. Ningún informe pericial pudo concretar qué piezas eran expoliadas, ni de qué yacimientos. F.L.F., en cambio, aportó facturas que acreditan que durante décadas se ha dedicado a coleccionar este tipo de piezas. El caso, que se publicitó desde Jaén a nivel nacional como un gran éxito en la lucha contra el comercio de piezas del Patrimonio Histórico, fue archivado recientemente por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Úbeda.

Atasco en La Carolina

Aunque el mayor chasco judicial en relación con las expectativas despertadas aún se cuece en un juzgado de La Carolina. Una investigación que se inició tras descubrirse un expolio en las obras del AVE entre Jaén y Linares, cerca de Cástulo. En diciembre de 2010 un ejército de policías y guardias civiles hicieron un centenar de registros simultáneos (cuarenta de ellos en Jaén, el resto en Madrid, Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga y Valencia) y detuvieron a 85 personas. Se habló de la mayor operación contra el expolio en años, con miles de piezas intervenidas (solo en monedas se contaron más de 6.000) y objetos antiguos confiscados por valor de más de 600.000 euros según los primeros cálculos de las autoridades. Para rizar el rizo la Policía vinculó el tráfico de antigüedades con negocios ilegales de exportación de oro, armas y hasta de drogas. Fue la Operación Mosaico-Carolina. Tres años y medio después, el juzgado apenas si ha tomado declaración a un tercio de los detenidos, y parte de los objetivos decomisados han sido ya devueltos. «Se hizo mal, se mezclaron demasiadas cosas en una sola operación», ha llegado a admitir una fuente del mundo de la Justicia.

El caso Mosaico-Carolina comienza a recordar a la Operación Tertis (donde había supuestamente restos procedentes del expolio de Cástulo y otros yacimientos jienenses), coordinada en 2007 desde el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Marchena (Sevilla), con medio centenar de detenidos y 300.000 piezas decomisadas. «Ha quedado en nada», llegó a decir uno de los letrados defensores cuando la Audiencia de Sevilla ordenó no hace mucho devolver todas las piezas incautadas.

«Nosotros hacemos el trabajo policial, detectamos piezas supuestamente expoliadas o transacciones con piezas de Patrimonio Histórico, encontramos indicios de delito y los ponemos en conocimiento de la Justicia», señalan fuentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía en Jaén, una de las que ha logrado más detenidos y recuperaciones en toda España en esta materia. Hay operaciones de relieve (como la Tesorillo, con más de 500 piezas recuperadas en Mancha Real, u otra en Andújar de hace varios años) de las que no se tienen ni noticias en los juzgados. De Jaén partió el hallazgo de dos estatuas romanas valoradas en más de doce millones de euros en una causa que se lleva en los juzgados de Montoro (Córdoba).

Faltan peritos

El problema para que las detenciones e incautaciones se conviertan en una causa judicial firme está en que un perito de la administración pública debe acreditar que las piezas son expoliadas, datarlas, decir de donde proceden y valorarlas. Ahí es donde naufragan la mayoría de las operaciones por expolio, según fuentes consultadas en las fuerzas de seguridad y en el mundo judicial. Citan la Operación Profesor. Y alguno más: el 18 de julio de 2013 se detectó el destrozo en un yacimiento protegido y catalogado en Porcuna. Se abrieron diligencias. Hasta el 7 de marzo de 2014, casi un año después, no fue hasta allí un perito de Cultura a valorar los daños. Lo que se encontró se parecía ya muy poco a lo que había en julio de 2013. «Faltan arqueólogos en Cultura para elaborar estos informes», dicen varias fuentes.

Los problemas de la maquinaria de la Justicia contra el expolio se detectan desde la misma base del negocio. Desde los ‘piteros’, que con sus detectores de metales entran en los yacimientos en busca de restos de valor. Según datos de la Guardia Civil de Jaén, entre enero y mayo de este año se han puesto ocho denuncias por parte del Seprona por furtiveo en yacimientos. Además, una patrulla de Seguridad Ciudadana detectó y detuvo esta primavera a otros dos ‘piteros’ en la misma valla de Cástulo, con monedas y otros objetos en los bolsillos. Las denuncias se remiten a Cultura, titular del patrimonio, para que les de curso e incoe expedientes sancionadores administrativos si es pertinente. Sin embargo, ninguno de estas actuaciones había sido puesta en conocimiento de la Fiscalía, con una sección especializada en delitos contra el Patrimonio Histórico que podría intentar llevar estos casos por vía penal.

«La vigilancia sobre los yacimientos es continua, a pesar de que la mayoría no está vallados y se encuentran a merced de expoliadores», apuntan en la Guardia Civil. Para un pitero sin antecedentes la multa que se juega es de 300 euros máximo por vía administrativa.

Historia al peso

Más triste aún que el destino de las piezas arqueológicas expoliadas es el de los restos del patrimonio minero de Linares que son saqueadas como chatarra. Los expoliadores las despojan de todo valor patrimonial e histórico, cuando son testigos de una época y una industria única. Las quieren como metal al peso. La única condena por delitos contra el Patrimonio Histórico que dictaron en 2013 los tribunales de Jaén fue precisamente por el saqueo de las minas de Linares. Una furgoneta cargada de hierros que se castiga con unos meses de prisión. Causó daños por valor de 25.000 euros para llevarse unos kilos de metal del antiguo lavadero de Santa Elvira, el último que funcionó en el distrito minero.

La diferencia entre que causas como ésta (hay varias más en curso) se juzguen como simples daños o como delitos contra el Patrimonio está en que un perito debe explicarle al juez por qué son importantes esos restos, incluidos en el Catálogo de Bienes del Patrimonio Histórico Andaluz desde 2008. Sin embargo no siempre es posible. Hay causas judiciales ‘vivas’ en la provincia de Jaén donde cuando se le ha pedido a Cultura (la misma que protegió los restos) que acredite su valor la respuesta es que «no hay disponible ningún perito que pueda hacer una valoración de los daños». «Están destrozando atrozmente el patrimonio por unos euros», ha llegado a lamentar uno de los guardias civiles encargados de proteger los restos mineros.

Lo que no se puede reprochar a fuerzas de seguridad o a la Fiscalía es que asistan impasibles al expolio. Actualmente hay diligencias abiertas por destrozos en yacimientos en casos muy similares al de Cerro Porrero en Úbeda en otro punto del mismo municipio y en otro cerro de Porcuna. Además, hay una arqueóloga imputada en otra causa.

En 2013, además de la condena por robar hierros en las minas de Linares, Fiscalía consiguió abrir siete procedimientos en diligencias previas y presentó cinco escritos de acusación por delitos contra el Patrimonio que están a la espera de juicio. Al menos cuatro de ellos, porque uno acabó en sentencia condenatoria ya firme por destrozos a dos piezas del Museo de Úbeda. Además hay varias causas en proceso por destrozos en el patrimonio minero linarense. Una dura lucha para que las piedras dejen de atragantarse a la Justicia.