Derribo de la casa de la Duquesa de Sueca

Fuente: El Confidencial.com | 14 de noviembre de 2013

Los trámites parlamentarios impidieron a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid reunirse con los expertos arqueólogos y asociaciones dedicadas a la protección del legado del pasado para debatir y definir en consenso un borrador del anteproyecto de la nueva Ley de Patrimonio Histórico, que finalmente fue aprobada el pasado junio y publicada en BOE hace unas semanas. Así lo confirmó ayer Luis Lafuente Batanero, subdirector general de difusión y gestión de la dirección general de patrimonio de la Comunidad de Madrid, en el Ateneo, durante la jornada convocada por la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, dedicada a debatir sobre una ley que tampoco contó con el apoyo del resto de los grupos de la cámara.

“Desde la ley de 1933 hasta 2013, en este país ha habido consenso entre la izquierda y la derecha por proteger el Patrimonio histórico. Y eso se ha roto el pasado junio cuando se aprobó la ley por mayoría del PP. Volvamos al consenso para proteger lo que es propio”, pidió desde la mesa Javier García Fernández, catedrático de Derecho constitucional. Este jurista especialista en patrimonio ha sido uno de los responsables en la redacción del recurso por inconstitucionalidad de varios artículos nuevos de la ley, elevada al Tribunal Constitucional por los senadores de IU y PSOE. La inconstitucionalidad que se denuncia es debida a que la madrileña incurre en materias que son propias de la estatal, por la que se rigen las demás.

La presidenta de la sección de Arqueología del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, Diana Díaz del Pozo, reconocía en la mesa de ponentes que la propuesta de modificación del borrador la compartieron con otros colegiados expertos en arqueología, para que aportaran su experiencia en una mejora de la norma. De nuevo, debate y consenso. “Nos habría gustado que se hubiera formado una comisión de profesionales para evaluar la ley, pero sólo se admitió una de nuestras aportaciones”, explica. Lafuente reconoció que se incluyeron menos sugerencias de las que los expertos esperaban. “Según ellos no son tantas”.

Nada de casualidad

Del Pozo señaló que la nueva ley sólo protege lo que ya está descubierto e inventariado. Todo lo que está por descubrir, se ignora. Por eso cree que la arqueología preventiva ha sido la peor parada de esta reforma. Lo desconocido, los yacimientos sin papeles –y en la zona Eurovegas, al parecer, hay presencia visigoda por descubrir- caerán en el limbo y el desamparo. Lafuente, que acudió como sustituto de su jefe, Jaime Ignacio Muñoz, replicó que “hoy en la Comunidad de Madrid el 80% del territorio está sondeado”. Así que el 20% restante queda al albur.

El responsable de la CAM, que aseguró no ser político ni arqueólogo, sino abogado, a pesar de tener una larga trayectoria previa también en el Ministerio de Cultura, quiso señalar las virtudes de la norma, que actualiza a otra con 14 años, como “una simplificación normativa” que permite “dotar de mayor seguridad jurídica a los ciudadanos y promover la agilización de los trámites administrativos”, además de “aligerar los procedimientos evitando trámites innecesarios”. Es decir, una nueva ley era necesaria no para proteger más, sino para aliviar la burocracia. En ese sentido, Del Pozo aseguró sentirse molesta con la consejera del PP que en su día defendió la ley en la Asamblea con el siguiente argumento: “El Patrimonio es una losa para el desarrollo económico de la Comunidad”.

Cristóbal Vallhonrat, representante en España de la organización internacional ICOMOS, puso en cuestión la ley en la convivencia entre conservación de las ciudades históricas y la nueva arquitectura, es decir, los derechos de la colectividad frente al interés público. “Esta ley supone un paso atrás con respecto a la anterior”, dijo. Pero también quiso subrayar dos virtudes: la agilidad, “pero no es prioritario frente a otras necesidades del patrimonio”. Y la inclusión de la protección de paisajes culturales y patrimonio industrial.

Una ley desleal a la Constitución

García Fernández fue mucho menos complaciente: “Es una ley que viene a poner en peligro el patrimonio de la Comunidad, porque no lo defiende. Ha logrado debilitar la protección del patrimonio y por lo tanto los recursos jurídicos para hacerlo”. Explicó el catedrático de Derecho constitucional que cada vez es más habitual que sean las Comunidades Autónomas las que ataquen a las leyes del Estado. “Es un fenómeno de deslealtad”.

Insistió en los alegatos de inconstitucionalidad: “Una Comunidad Autónoma nunca puede rebajar los estándares de protección del patrimonio, porque afecta al ejercicio de la ley estatal contra el expolio. La ley madrileña es una ley expoliadora. Erosiona la competencia del Estado en la lucha contra la expoliación”.

También fue muy crítico con la anulación de una figura esencial: los planes especiales, responsables de las estrategias de protección de conjuntos históricos. Lafuente había asegurado que como no se cumplen en la mayoría de los casos, lo más oportuno era eliminarlos para agilizar. García Fernández contestó que por esa misma línea se podría llegar a despenalizar el robo. “Lo que habéis hecho ha sido despenalizar el robo”, patrimonial.

El debate llega tarde

Durante la jornada surgieron otras voces más templadas como la del arquitecto Vicente Patón, que se lamentaba por la falta de un debate como el que se vivía en el Ateneo, antes de la aprobación de la ley. No con hechos consumados. “Hoy se ejerce el debate que no hubo en su día”. El consenso tampoco llegará. Y criticó a Lafuente que “el contraste con la realidad es el que hunde los argumentos”, en referencia a casos tan escandalosos como el de Canalejas: siete edificios que se unirán en uno, se vaciarán para un nuevo uso, después de haberles sido retirados la protección y dejársela únicamente para las fachadas. Un vaciado, por cierto, del que el subdirector se defendió con una curiosa tesis: “Eso se hizo con la ley anterior”. No mencionó quién la aplicó.

Por último, la ley elimina la obligatoriedad de los propietarios de un Bien de Interés Cultural a permitir su visita pública. Los titulares no están obligados a mostrarlo, compartirlo, difundirlo. “Esto es una aberración”, dijo García Fernández. Todos los bienes a la vista pública están a salvo. El subdirector aseguró que se tomó esta decisión porque no se puede obligar a esos titulares a mantener un régimen de visitas, con dispositivos de seguridad y control de las mismas porque es un grave coste económico. Solución: “Vamos a intentar difundir la visita pública de los bienes privados, siempre y cuando la Administración se haga cargo de los costes del montaje del circuito expositivo”.

En medio de la disputa, de nuevo Patón sembró con claridad la opinión del sector científico y jurídico: “La ciudad no la hacemos los ciudadanos y parece que ni siquiera las administraciones. Hay otras entidades, fuera del juego democrático, que consiguen hacer que las leyes primen sus intereses sobre los del resto”.

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