Imagen de archivo de la excavación en el yacimiento Gadir. / JESÚS MARÍN

"Los arqueólogos tenemos la costumbre de hacer partícipes de hallazgos y alegrías, pero nos reservamos nuestras miserias porque son gajes del oficio. Pero ya no sabemos si son gajes o irregularidades recurrentes, por lo que hemos decidido denunciar nuestra situación y buscar soluciones”.

De esta forma arranca la conversación  Virginia Pinto (izquierda)  decana Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la provincia de Cádiz, como representante de "un colectivo cuya profesión ni siquiera está reconocida" y que ha puesto en marcha el I Encuentro Estatal de Arqueología Profesional, que se celebrará del 16 al 18 de noviembre en la ciudad.

Pinto reconoce que “son 30 años los que llevamos lamentándonos y ha llegado el momento de dar un golpe sobre la mesa, hacer una revisión profunda de la situación a nivel nacional y cómo repercute en Andalucía y en la provincia de Cádiz. Y ya no sólo en cuanto a las pésimas condiciones laborales de los arqueólogos, sino en cómo afecta a nuestro patrimonio”.

El punto de partida de este encuentro es la propia Ley de Patrimonio Histórico y el reglamento de actividades arqueológicas, “con artículos que podrían ser incluso anticonstitucionales”. Se refiere concretamente al hecho de que una autorización arqueológica para dirigir una excavación no es compatible con otra. Esto es lo que marca la ley y es lo que mantiene durante meses a muchos arqueólogos a la espera y sin trabajo debido a los dilatados tiempos, afirma. “En la provincia de Cádiz la media para que te autoricen un proyecto que a lo mejor es un movimiento de tierra para una semana es de tres meses, y en este tiempo la Junta no admite que se presente el proyecto de otra actividad para que al menos se vaya tramitando, aunque ni tan siquiera coincida en el tiempo. Así que tenemos complicado comer”, denuncia.

El motivo de esta situación, argumenta, “es la falta de personal, pese a que pagamos nuestros impuestos”. Así que “no se puede consentir que no podamos trabajar porque falte gente en una administración que durante años nos ha tratado con soberbia, y no me refiero a los técnicos, sino a las cabezas políticas de la administración, que muchas veces no tienen ni idea de lo que tienen entre manos, que a muchas delegadas de Cultura las zarandeabas y caían bellotas”, critica.

Es tal la situación que sólo existe una inspectora en la provincia que obviamente no puede llegar a todo. “La Junta no tiene provisto el cuerpo de personal funcionario para establecer lo que dice la Ley y esto ralentiza toda la actividad”. Además, como cada comunidad autónoma tiene su propia Ley de Patrimonio, “un arqueólogo no puede desarrollar su actividad en todo el territorio español”.

El punto de inflexión ha llegado “con el tirón de orejas a la Junta por parte de la Mesa de Competencia del Ministerio de Cultura, que le ha indicado que está cometiendo abusos y es cuando nos llega una carta en la que la administración nos dice que somos un gremio admirable y que gracias por la paciencia”. 

En este apartado, según la decana, la Junta parece que también dará un paso en firme “para cambiar los artículos de la Ley que permita tramitar por fin más de un trabajo a la vez, aunque continúan con el propósito de que sólo se pueda dirigir un proyecto pues las direcciones arqueológicas son nominales”. Una situación que tampoco entiende el colectivo, “pues si no coincide en el tiempo no debe ser ningún problema, porque si soy autónoma y decido llevar una obra de lunes a viernes en Cádiz y otra el fin de semana en la Sierra, el problema es mío a la hora de administrar mi tiempo como quiera”.

Esta situación ha aflorado “a raíz del problema grave que ha tenido un compañero en Sevilla, que valientemente decidió denunciar y al que arropamos desde el Colegio, hasta que ha sido amparado por la Mesa de Competencia”.

Ahora, añade Pinto,“estamos planteando si pedir daños y perjuicios”, reflexiona, insistiendo en la mala praxis durante años de una administración “en la que se ha actuado con oscurantismo, por citarte un ejemplo, ni tan siquiera nos invitan a las comisiones de patrimonio como en otras provincias”.

Y todo esto “ha repercutido en el patrimonio, dada la dejadez a la que se ve sometido y que se ha convertido en un instrumento contra los enemigos de la administración”, justo en la provincia donde el patrimonio es una baza de creación de empleo “si se hiciera un plan integral pensado con cabeza”.

Pinto apunta que otro de los objetivos de este primer encuentro al que acudirán muchos expertos nacionales de todos los ámbitos –jurídico, académico, arquitectos, cuerpos de seguridad del Estado, etc.– es crear una Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología.