Una de las razones que argumenta el gobierno valenciano para tomar esta decisión se basa en que si se ejecuta la sentencia tal y como recoge el Tribunal Supremo se perdería la función de uso cultural del teatro.

Vía: CARMEN VELASCO/AGENCIAS | LAS PROVINCIAS, VALENCIA, 14 de mayo de 2008

Última reunión de la comisión de expertos.

El Consell presentará, a través de la Abogacía de la Generalitat, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un incidente de inejecución de la sentencia que determina la reversión en 18 meses de las obras de rehabilitación llevadas a cabo por los arquitectos Grassi y Portaceli por, entre otras razones, "imposibilidad legal", "riesgos" para la seguridad y la dificultad de mantener el uso cultural que actualmente tiene el monumento.

Así se anunció hoy tras la última reunión mantenida por la comisión interdisciplinar formada para analizar los informes sobre el monumento y las posibilidades de ejecución del fallo judicial, dictado por el TSJCV y confirmado por el Tribunal Supremo. Este organismo emitió hoy un dictamen en el que se acuerda por unanimidad solicitar al Gobierno valenciano la "inejecución de sentencia utilizando los mecanismos legales existentes".

Después de estudiar diversos informes de carácter jurídico, arquitectónico y arqueológico, la comisión ha llegado a la conclusión de demandar que no se ejecute la sentencia "visto que con su aplicación en ningún caso se devolvería al teatro el estado en el que se encontraba antes de la intervención de Grassi y Portaceli, y además por la importante función social y cultural que el mismo presenta para nuestra Comunitat y junto al principio constitucional de eficiencia en el gasto público", según argumenta el dictamen leído por la consellera de Cultura, Trini Miró.

Una vez emitida la resolución de la comisión, la Abogacía de la Generalitat va a remitir a un escrito al TSJCV en el que se le facilita este dictamen y se le avanza que se pedirá con posterioridad un "incidente de inejecución de sentencia, que requiere a su vez un expediente administrativo para legalizar las obras realizadas en el teatro", según explicó la secretaria autonómica de Política Institucional, Isabel Villalonga. De hecho, hoy mismo la directora de Patrimonio, Paz Olmos, dictará una resolución en la que cual se incoa dicho expediente que, una vez terminado, se adjuntará al tribunal para solicitar que no se lleve a cabo el fallo. Por su parte, el TSJCV será el que tenga "la última palabra" sobre el caso una vez oídas las partes.

El informe de la comisión subraya que "la propia literalidad del fallo muestra determinados puntos problemáticos que dificultarías su ejecución". Así, sobre la orden de derribar el muro de cierre de la escena hasta la cota de 1,20 metros que determina el fallo, la comisión hace notar que, aunque la sentencia hable de un muro "en el teatro Romano existen dos --de los siglos I y II d.C-- que forman una crujía con un espacio interior". Por tanto, "la hipótesis de que se hubiera podido mantener de que la ejecución de la sentencia podría hacer desaparecer el muro y obtener un espacio diáfano se desvanece puesto que todavía quedaría el muro del pórtico exterior".

Además, según refleja un informe de arquitectura "bastante contundente" --al parecer de la comisión-- la demolición del muro conllevaría a su vez la desaparición de los espacios correspondientes a los camerinos y los que deberían destinarse a una "necesaria musealización". De igual modo, habría que derribar un "elemento esencial del teatro romano, como es el tornavoz, que no viene recogido en el fallo, lo cual significaría excedernos en su cumplimiento".

Otra de las razones esgrimidas en el dictamen es la de la seguridad, ya que "los informes técnicos señalan el peligro que podría representar el muro del pórtico por la pérdida de estabilidad con la eliminación de los forjados".

Por lo que respecta a la retirada de las placas de mármol que se superponen a la anterior piedra de la cávea, el dictamen insiste en que "si se procediera a ejecutar el fallo el resultado obtenido impediría el uso social y cultural del teatro, por cuanto quedarían al descubierto un conjunto de rocas y elementos constructivos resultado de más de 40 restauraciones realizadas a lo largo del siglo XX y nos obligaría a una nueva reconstrucción para, en cualquier caso, volver a cubrirlo con otro elemento o material constructivo para facilitar su uso".

Por último, el documento proporciona argumentos de tipo jurídico, poniendo de manifiesto las modificaciones legislativas que se han producido en el ámbito de la Comunitat Valenciana con la entrada en vigor de la Ley 4/1998 de 11 de junio de Patrimonio Cultural Valenciano y sus posteriores modificaciones. En este punto, Isabel Villalonga recordó que las obras de Grassi y Portaceli se hicieron cuando era aplicable la ley estatal de Patrimonio de 1985 que impedía la reconstrucción de monumentos históricos pero, posteriormente, "la Comunitat dictó una nueva norma que permite la reconstrucción bajo una serie de condicionantes".

"Absurdo jurídico"

A su juicio, "esto permite alegar la imposibilidad legal, ya que se considera que si la Generalitat ejecutara la sentencia con la nueva legislación podría volver a hacer lo que en su momento hicieron Grassi y Portaceli y sería un absurdo tanto jurídico como general".

Para Villalonga la vía del incidente de inejecución es "posible y la doctrina así lo ha demostrado", ya que ha habido "muchísimos" ejemplos en materia de urbanismo. No obstante, recalcó, "esto no quiere decir, que se pueda legalizar la resolución que en su momento se dictó autorizando la reconstrucción del edificio porque fue ilegal". "La obra era ilegal en aquel momento, otra cosa es que ahora se pueda legalizar porque la nueva legislación lo permite", sentenció.

Sobre la posibilidad de intentar una vía extrajudicial de acuerdo con el abogado Juan Marco Molines --autor del recurso contra las obras de restauración-- Trini Miró resaltó que "nosotros hemos intentado comunicar desde el primer día con él y no ha habido respuesta". Insistió en que "nosotros estamos actuando de una forma consensuada y ojalá el primer día hubiera venido a hablar porque me hubiera gustado sentarme con él pero, aunque la directora general de Patrimonio le ha llamado en infinidad de ocasiones, no ha habido forma", lamentó.

La comisión interdisciplinar ha estado integrada por la consellera de Cultura, Trini Miró; el presidente del Consell Valenci de Cultura, Santiago Grisolía; la directora general de Patrimonio Cultural Valenciano, Paz Olmos; el alcalde de Sagunt, Alfredo Castelló; el presidente de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, Rom de la Calle; Isabel Villalonga, secretaria autonómica de Política Institucional; Juan Castillo, presidente del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana; y Amadeo Ribelles, director del Centro Arqueológico de Sagunt.

Completan la lista los técnicos, Emilia Hernández, directora del Museo Arqueológico de Sagunt; el técnico de Arquitectura de la Dirección General de Patrimonio Ricardo Sicluna; Consuelo Matamoros, jefa de servicio de Arqueología de la Dirección General de Patrimonio; y la jefa de área de Patrimonio, Carmen Iborra, que actúa además como secretaria de la comisión.

La malla que debió proteger las ruinas del Teatro Romano está perforada e impide la reversión

Los informes revelan que los restos de piedra, ladrillo y mortero de las obras están mezclados

Vía: C. VELASCO/M. COSTAVALENCIA/SAGUNTO, 16 de mayo de 2008

"Con la aplicación de la sentencia en ningún caso se devolvería al Teatro Romano al estado en que se encontraba antes de la intervención de Grassi y Portaceli". Esta afirmación, una de las conclusiones del dictamen de la comisión de expertos sobre el monumento de Sagunto, desmiente el principio de reversibilidad que ha regido la rehabilitación. Tanto los responsables de Cultura de la época del presidente Joan Lerma, como los arquitectos responsables del proyecto avalaron que las obras del Teatro Romano eran reversibles, es decir, que el monumento podría volver a su estado anterior. La comisión ha dictado lo contrario.

¿Qué ha pasado para que lo que hace 17 años era reversible ahora no lo sea? La respuesta está en los informes arqueológicos de la comisión. La malla geotextil que se instaló para cubrir las ruinas del monumento, que ya no eran de la época romana sino del siglo XX, como matizó el pasado miércoles la directora de Patrimonio Valenciano, Paz Olmos, está perforada. Además, el tejido entre la obra nueva y los restos no es impermeable.

Estas dos resoluciones, a las que concluyen catas arqueológicas de Cultura (algunas realizadas por georradar en 1996) e informes de la Universidad Politécnica de Valencia, harían muy complicado sino técnicamente imposible retirar el mármol. La legislación sobre actuaciones en bienes del patrimonio artístico e histórico establece la necesidad de cubrir las ruinas, sean de la época que fueran, con tejido protector.

El informe de la Politécnica elaborado en su día por el profesor Bernardo Perepérez, a petición de la Conselleria de Cultura, ponía el dedo en la llaga. El problema de la intervención de Grassi y Portaceli fue que entre la malla y el hormigón no se extendió ninguna capa de arena o de otro material similar para evitar que llegara a la piedra. Además, según el mismo estudio, el tejido geotextil tiene pequeños agujeros por los que se ha introducido el hormigón.

Esta circunstancia explica las palabras de Paz Olmos del pasado miércoles respecto a que, si se retirara el mármol, quedan mezclados diversos materiales: ladrillo, mortero, piedra y hormigón.

Expertos en Patrimonio consultados por LAS PROVINCIAS y conocedores de las catas arqueológicas señalaron que, pese a que desconocían si en las obras se introdujo arena, "si se hubiera hecho no habría servido para nada puesto que el tejido protector está perforado".

Otro punto de vista muy diferente sostiene uno de los tres arquitectos propuestos por el abogado precursor de la sentencia, Juan Marco Molines, para acometer el proyecto de reversión de las obras del Teatro Romano, el saguntino Francisco Muñoz Antonino. El arquitecto señaló que durante el litigio judicial se presentaron informes elaborados por expertos en Patrimonio en los que se "determinaba que la reversión sí era posible. Esos estudios se presentaron y fueron tenidos en cuenta en la resolución final".

El experto recordó que antes de colocar las placas de mármol de la cávea "se instaló una malla plástica sobre una base de arena. Así lo determinan esos informes y así se publicó en aquel momento". Por lo tanto, revertir la cávea "sería muy fácil pues no habría que recurrir ni siquiera a métodos algo agresivos como los chorros de agua caliente. Se podría retirar la cubierta con agua a temperatura normal. Los restos que hubiera debajo no sufrirían ningún daño".

Unanimidad política

Pese a las cuestiones técnicas, la unanimidad en el Teatro Romano ha tardado en llegar 17 años. Los partidos políticos escenificaron ayer el cierre de filas con el Gobierno valenciano, que solicitará un "incidente de ejecución de sentencia" para evitar cumplir con el fallo del Supremo que obliga a revertir el monumento de Sagunto.

El PSPV y EU ofrecieron ayer el apoyo al Consell en su decisión de no desmontar la rehabilitación. El monumento ha de quedar tal y como está ahora. Así quedó constancia durante la comparecencia en les Corts de la consellera de Cultura, que se esperaba desde el pasado 5 de enero. Aquel día Trini Miró debía dar explicaciones de cómo se iba a ejecutar la sentencia del Supremo, pero ayer comunicó el dictamen acordado por la comisión de expertos. Repitió que por imposibilidad legal, por problemas técnicos y por el principio constitucional de eficiencia en el gasto público, el Consell solicitaría no ejecutar la sentencia que obliga a retirar el mármol de las gradas y a demoler el muro de cierre de la escena hasta la cota + 1,20.

La diputada socialista Ana Noguera mostró su "sincera satisfacción" por la determinación del Gobierno valenciano de no revertir el Teatro Romano. A su juicio, es una decisión de "lógica política" y "sentido común".

"No me duelen prendas a la hora de apoyar al Consell en este asunto", resaltó Noguera, quien destacó que lo importante ahora es "mirar al futuro, revitalizar la comarca y no marginar en inversiones a Sagunto". Noguera, que afirmó que manteniendo la rehabilitación "se salva el Teatro Romano", mostró su deseo de que el dictamen "sea el último" sobre el monumento.

La diputada de EU, Glòria Marcos, exigió un poco más a la consellera. Trató de arrancar un "compromiso político de que Marco Molines no pida de nuevo la ejecución de la sentencia", algo que Miró dijo no poder garantizar.

Marcos defendió que, "independientemente de que a uno le guste o no la estética del Teatro Romano, lo más importante es recuperar el uso social del espacio", por lo que calificó los últimos 17 años de "conflicto estéril", "despilfarro de recursos" y "pérdida de inversiones en Sagunto". Por eso, solicitó que el dinero que se iba a destinar a ejecutar el fallo del Supremo se invierta en un plan integral de recuperación del patrimonio valenciano.