El fiscal advierte un delito de contrabando si las piezas han salido de España. Nadie, ni la brigada especializada del Cuerpo Nacional de Policía, ni el fiscal especializado en la defensa del Patrimonio, ni los técnicos del Ministerio de Cultura saben qué ha sido de la colección privada de arte precolombino más importante del mundo. Mil piezas de todas las etapas de la cultura amerindia, valoradas en más de 100 millones de dólares (unos 67 millones de euros), que su supuesto propietario, Leonard Patterson, un personaje a medio camino entre el coleccionismo y el contrabando, ordenó cargar en un camión en Santiago rumbo a un lugar desconocido, que algunas fuentes sitúan en Alemania.
Vía:
JOSÉ PRECEDO, Santiago /El País.com. 20/04/2008
Todo el legado arqueológico, que el presunto mecenas expuso en dos museos de la ciudad hace ahora once años con el patrocinio de la Xunta y del Ayuntamiento de Santiago, salió de la empresa de mudanzas, donde permaneció semiolvidado durante una década, a finales de enero. En la cámara de seguridad permanecen ahora en custodia sólo algunas piezas a la espera de que la Sala de lo Penal nº 33 de Lima (Perú) tramite una segunda petición del Gobierno peruano.
En diciembre ya volaron hacia ese país 31 piezas que, según certificó la directora del Museo de América, procedían del saqueo de
El Cerro de la Mina, una pirámide mochica del siglo I.
Ninguna de las responsables consultados por EL PAÍS, conocían el destino del tesoro arqueológico, salvo el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, a quien la empresa de mudanzas comunicó la entrega de la colección a Patterson, previo cobro de la factura por gastos de almacenaje. Agentes de la brigada de patrimonio del Cuerpo Nacional de Policía se desplazarán el martes a Santiago para inventariar lo que queda de la colección y constatar qué cantidad de piezas han desaparecido.
El fiscal especializado en la defensa del patrimonio, Antonio Roma, aseguró ayer que las piezas sólo podrían salir de España con una autorización expresa del Ministerio de Cultura. Según la ley del Patrimonio Hístórico español, tras diez años de permanencia en el país las obras pasan a ser propiedad del Estado. "Exportar ese legado a otro país supone un delito de contrabando, tal y como figura en la ley orgánica de 1995", señala Roma. El artículo segundo del texto legal atribuye ese delito a quienes "saquen del territorio español bienes que integren el Patrimonio Histórico Español, sin la autorización de la Administración del Estado cuando ésta sea necesaria".
El Ministerio de Cultura aseguró que no expidió autorización alguna para que las piezas puedan salir al extranjero. Fuentes del entorno de Patterson defienden sin embargo que un camión partió hace dos meses desde la capital de Galicia hacia Alemania, sin que ninguna institución opusiese objección alguna.
A los juzgados de Santiago, mientras, siguen llegando peticiones formales de los países de donde proceden las piezas para que se les devuelva el material que consideran expoliado. La última del 31 de marzo aparece firmada por la Fiscalía contra los delitos de patrimonio de Guatemala que reclama 117 objetos, entre máscaras, cerámicas y figuras metálicas. Los Gobiernos de México, Argentina o El Salvador estudian acciones parecidas.
El catálogo de la exquisita muestra amerindia que trajo a Santiago a dos premios Nobel -la pacifista indígena Rigoberta Menchú y Óscar Arias asistieron a la inauguración en 1997- incluye máscaras y cerámicas mayas y aztecas, ajuares funerarios cuya repatriación también estudia Panamá, entre otras piezas. Ya en su día, cuando Patterson ofreció la colección a la Consellería de Cultura, la Xunta descartó la compra después de que una experta en arte prehispánico advirtiese de la procedencia ilícita de muchos de los objetos.
Lío en los tribunales
La muestra El espíritu de la América prehispánica acumula 3.000 años de historia de las civilizaciones precolombinas y además un largo capítulo de embrollos judiciales en el continente americano y también a este lado del Atlántico. Después de que la Sala de lo Penal número 33 de Lima enviase una comisión rogatoria a Santiago para recuperar las obras, el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Santiago ordenó su custodia, y la brigada de Patrimonio del Cuerpo Nacional de Policía se desplazó hasta el insólito museo para inventariar la colección.
En diciembre 31 piezas ya fueron entregadas en el Museo de América de Madrid al embajador del gobierno peruano que todavía adeuda el importe de la custodia de los objetos recuperados a la empresa de mudanzas.
El juzgado de Santiago ha ordenado en una providencia a las autoridades del país que financien el depósito de las piezas, una decisión que el fiscal ha recurrido basándose en que debe ser la Justicia peruana la que le obligue a afrontar esos gastos.
El transporte de bienes que ya forman parte del Patrimonio arqueológico español fuera del país -que denuncian algunas fuentes- desembocaría con toda probabilidad en otra controversia judicial. La fiscalía ve indicios de un delito de contrabando.
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