La compra-venta ilícita de estos objetos se producía en localidades fronterizas de Badajoz y muchas se almacenaban también en la provincia pacense.

La Policía Nacional ha recuperado entre 2.000 y 4.000 piezas arqueológicas, todavía pendientes de contar y catalogar, al desmantelar una red de contrabandistas de bienes culturales y armas que operaba entre España y Portugal, sobre todo en la provincia de Badajoz y las zonas fronterizas cercanas a Badajoz. Las piezas serán examinadas por expertos para determinar su procedencia y comprobar si han sido expoliadas, adquiridas ilícitamente o robadas.
Entre la multitud de piezas recuperadas destacan vidrios y cerámicas de época romana, relieves visigóticos, retablos, esculturas religiosas y objetos de bronce de los siglos XV, XVI, y XVII, piezas de marfil, muebles de época, y 25 pistolas y 11 armas largas.
Además de dedicarse al contrabando de armas y bienes culturales, los miembros de la banda desmantalada por la Policía también se han dedicado presuntamente al expolio arqueológico en la campiña extremeña. De hecho, uno de los objetivos principales de la investigación ha sido localizar un yacimiento, posiblemente de carácter funerario, en el que se estarían llevando a cabo los expolios.
Durante los registros se han encontrado detectores de metales utilizados habitualmente para localizar este tipo de vestigios. Como explica la Policía, estos expolios causan “daños irreparables ya que, a partir de su consumación, los estudios que deberían realizarse aplicando una metodología arqueológica, resultan desvirtuados”.
Durante la operación han sido arrestadas cinco personas en distintas localidades extremeñas: una en Arroyo de San Serván; dos en Fregenal de la Sierra; una en Higuera La Real; y otra en Fuentes de León.
Además se han imputado a otras siete, y se han practicado 30 registros en localidades de Badajoz, como Fregenal y Montijo, y también en las provincias de Huelva, León y Málaga.
Uno de los arrestados acaparaba la mayoría de las piezas intervenidas, que tenía distribuidas en las múltiples propiedades que posee en las provincias de Badajoz y León, y en la localidad de Marbella. Según la Policía, este detenido estaba llevando a cabo una “importantísima inversión en bienes culturales aprovechando el descenso de precios para revenderlos posteriormente cuando se recupere el mercado. En otros casos, las piezas se vendían a particulares en tiendas ilegales de antigüedades”.
La red desarticulada, compuesta por ciudadanos españoles y portugueses, utilizaba camiones de pequeño y mediano tonelaje para llevar a cabo el intercambio de bienes culturales entre los responsables de los dos países. La compra-venta de objetos se producía en las localidades fronterizas de la provincia de Badajoz, y después se quedaban almacenadas en la zona o en otras localidades españolas para ser vendidas o guardadas a la espera de comprador.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Comisaría General de Policía Judicial; de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura de Extremadura, y de las comisarías de Málaga, León y Marbella. En los registros también participaron expertos arqueólogos de la Junta de Extremadura y de la Comunidad de Castilla y León.



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