El juicio del Gobierno de Aragón contra Victorino Alonso y su empresa Fimbas, entre otros imputados, por la destrucción de la Cueva de Chaves en un coto de caza propiedad del empresario minero cuenta con un nuevo y excepcional testimonio. El del equipo de científicos que dirige Juan Luis Arsuaga, codirector del yacimiento de Atapuerca, y que ha sido aportado por la letrada del Ejecutivo aragonés.

Alonso declaró en el Juzgado número 3 de Huesca el pasado mes de octubre en el juicio que se sigue por arrasar con maquinaria pesada la cueva, ubicada en el coto de caza de Bastarás, en Huesca, para convertirla en un abrevadero de animales. Las irregularidades que se investigan pasan también por el vallado y la realización de balsas para animales en espacios protegidos; y se le ha impuesto una multa por introducir una cabra del norte de África (auris) en el Parque Natural de la Sierra de Guara.

Según informaba ayer el Heraldo de Aragón, Arsuaga defiende que la Cueva de Chaves era un yacimiento de referencia en los estudios arqueopaleontológicos en la Península Ibérica y Europa», un enclave arqueológico cuya destrucción es «un escándalo y una gran pérdida para la ciencia».

Los expertos consideran que la pérdida del yacimiento «deja un vacío que arranca una página de la historia de la Humanidad», ya que el asentamiento del neolítico que acogió tenía características únicas en toda Europa.

Arsuaga, catedrático también de Paleontología en la Universidad Complutense de Madrid, recuerda que su equipo realizó durante años excavaciones en la zona. «El yacimiento no sólo contiene un excepcional registro de la cultura material realizada por el ser humano a lo largo de las últimas etapas del Pleistoceno Superior y de la primera mitad del Holoceno, sino que de las excavaciones realizadas en él se ha recuperado una extensa colección de restos óseos de animales salvajes y domésticos que han sido motivo, y lo siguen siendo, de los trabajos de distintos equipos de investigación».

Los expertos destacan en el informe que se ha enviado al juez, según publica el periódico aragonés, que el interés zooarqueológico del enclave radica en «su amplia extensión, la conservación de una potente serie imperturbada de sedimientos y el extenso intervalo cronológico representado en la misma».

Según la denuncia que ahora se juzga, a finales del 2007 Alonso ordenó limpiar y nivelar con una retroexcavadora los sedimentos arqueológicos, derribó parte del techo y las paredes para convertir la cueva en una zona de estabulación y comedero de los animales de caza. A pesar de que la cueva tenía varias figuras de protección.

También roturó 60 hectáreas en zonas de habituales campañas arqueológicas. El empresario negó ante el juez haber tomado estas decisiones.

vía León – Diario de León.

http://paleorama.wordpress.com/2013/02/19/juicio-por-la-destruccion...