Fiscales y arqueólogos de toda España debaten en Cádiz sobre la protección del patrimonio histórico hundido en el mar y aspiran a una reforma del Código Penal que lo regule de forma sistemática.

Un detector de metales, un cuadro, una pica para medir la profundidad y una guía del tipo El Buscador, esa que ya en la foto de portada marca el objetivo: hacerse con una pieza similar a la coraza del tesoro del Carambolo, casi nada. El kit del perfecto expoliador está completo. Sólo queda dar con algún lugar donde alguna elevación del ingenuo relieve levante la suspicacia de cuanto Indiana Jones circule por la zona.

Vía: La Voz Digital, Cádiz, 13 de mayo de 2008

El director del Conjunto Arqueológico de Carmona, Ignacio Rodríguez Temiño fue el encargado de dar el listado de materiales necesarios para arrasar yacimientos en el curso Plan extraordinario. Protección del patrimonio histórico-artístico, con especial referencia al patrimonio subacuático que comenzó ayer en el hotel Tryp Caleta de Cádiz donde se han dado cita fiscales y arqueólogos de toda España con el objetivo de analizar la indefensión del patrimonio arqueológico nacional. Estas conferencias se celebran justo la semana en la que se cumple un año del anuncio por parte de la empresa americana Odyssey del hallazgo de un tesoro de 500.000 monedas de plata en supuestas aguas internacionales frente a la costa gaditana.

El caso que abrió el debate sobre la impunidad con la que compañías cazatesoros o expoliadores recorren el territorio español amparados bajo su visión mercantil de la Historia para sacar el máximo beneficio económico con la venta de las piezas que el tiempo dejó sepultadas entre estratos de tierra o bajo el mar.

«Escarbadores»

El director del Conjunto Arqueológico de Carmona centró su atención en los delitos llevados a cabo por «escarbadores» que con sus detectores de metales «son la segunda causa de expolio en la Comunidad Autónoma Andaluza».

«No tienen metodología». Esta es la diferencia entre la figura del arqueólogo que el celuloide catapultó a la fama y los que dedican su tiempo a desempolvar páginas aún en blanco del pasado. «Les da lo mismo levantar lo que sea con tal de conseguir el objeto que buscan», explicó Rodríguez Temiño.

«No son sólo obras de destrucción de tan grosera magnitud», sino que eliminan toda posibilidad de que se lleve a cabo, en el lugar que han devastado, alguna investigación, indicó.

Aunque existe un importante número de especialistas del saqueo Rodríguez Temiño destacó la alta preparación que hay en Andalucía para detectar estos delitos. Pese a ello, el Código Penal no contempla un capítulo específico que regule de forma sistemática la protección de este patrimonio cultural. Ángel Núñez, fiscal delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía de Cádiz, precisó que «esto plantea muchos problemas a la hora de asumir las conductas delictivas en concretos tipos penales».

Régimen internacional

En el plano internacional, la cosa se complica especialmente con el patrimonio cultural subacuático. Pese a que la Convención de la Unesco fue aprobada en 2001 con la intención de velar por él, aún no ha entrado en vigor ya que falta que la ratifiquen potencias como Reino Unido, Estados Unidos o Francia. «Parece ser que no están por la labor de hacerlo por ahora», destacó Núñez.

En materia de sanciones tampoco se ha hecho mucho. El fiscal reconoce que tanto el Código Penal como las penas que recoge para delitos contra el patrimonio deberían someterse a una reforma. «Las penas que se han previsto no son disuasorias respecto al potencial de enriquecimiento económico que tienen este tipo de conductas ilícitas. No se convierten en preventivas respecto del interés que puede tener el expoliador en conseguir el lucro que le va a reportar su actividad», puntualizó.

El director del Museo Nacional de Arqueología Marítima y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas de Cartagena, Rafael Azuar Ruiz, también centró su interés en la idea de una modificación de la legislación y sostuvo que la aparición de la defensa del patrimonio en el Código Penal es casi una anécdota.

Anécdota legal

Azuar dio un paso más en su intervención en cuanto a defensa y conservación. «No estamos hablando de un producto lucrativo y su protección pasa por difundir y divulgar los hallazgos». Apostó por acercar el patrimonio a los ciudadanos a través de exposiciones y métodos didácticos de modo que la sociedad sea consciente de la importancia de los restos y se decidan a denunciar casos de saqueo, robo o expolio.

Para ello, el director del Museo Nacional destacó la importante aportación de campañas tanto nacionales como internacionales que buscan sensibilizar acerca de la importancia de comunicar a las autoridades la existencia de acciones contra el patrimonio cultural arqueológico tanto marino como terrestre.

Educación

La arqueóloga subacuática del centro de Cartagena, Rocío Castillo Belinchón, reiteró las medidas expuestas por Azuar Ruiz y explicó que desde el Museo Nacional se están llevando a cabo proyecto destinados a educar en la protección ya que como afirma su compañero «el conocimiento protege». Resulta difícil modificar conductas que se han ido echando raíces, la educación dará sus frutos con el paso de los años, pero mientras habrá que seguir presionando a la Administración para que acelere los trámites «una necesaria reforma» del Código Penal y vele por un pasado que ha fraguado los cimientos de la sociedad de hoy.

ÁNGEL M. NÚÑEZ FISCAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE DE LA FISCALÍA DE CÁDIZ

«El caso Odyssey es el ejemplo de que algo no está funcionando»
Casos como la sustracción de 500.000 monedas de plata del fondo marino por parte de la empresa norteamericana Odyssey han puesto en tela de juicio la defensa del patrimonio cultural subacuático. El fiscal delegado de Medio Ambiente en la Fiscalía Provincial destacó ayer la necesidad de reformar el Código Penal y elaborar una legislación que asegure la protección de los yacimientos marinos.

-¿Cuáles son los principales problemas de la protección de los yacimientos marinos?

-Es necesario una mayor labor de vigilancia. Aunque se está avanzando con la elaboración de mapas arqueológicos de yacimientos terrestres y subacuáticos, pero todavía queda mucho por hacer. Sería pertienete una reforma del Código Penal para regular más adecuadamente estos delitos tanto en el ámbito nacional como internacional.

-¿Qué reformas en el Código Penal están previstas que se lleven a cabo?

-Al final de la pasada legislatura se estaba tramitando un proyecto de ley de reforma del Código Penal que no contemplaba ninguna modificación de los delitos contra el patrimonio histórico. Como consecuencia de una comisión que se creó entre la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz se elaboraron unas propuestas de reforma en esta materia. Y el Defensor las presentó en el Parlamento de Andalucía para que las elevara al Congreso y así se tuvieran en cuenta en los trabajos de reforma del Código Penal. Esperamos que en esta legislatura se em-prenda definitivamente esta necesaria reforma.

-El caso Odissey ha reabierto el debate sobre la seguridad del patrimonio submarino, ¿cómo deben afrontar las autoridades y las administraciones competentes sucesos como éste?

-Hay que conseguir que haya una mayor conciencia social de que esto es un patrimonio que nos pertenece a todos y, por tanto, hay que protegerlo. Después, tenemos que ir dotándonos de instrumentos materiales y jurídicos que permitan la defensa de este patrimonio. En cuanto al Odyssey es el ejemplo de que algo no ha funcionado bien. Si estos barcos de una empresa de cazatesoros ha podido estar navegando por las aguas territoriales españolas de la forma que lo han hecho es que algo va mal.

-Entonces, es una sensación fundada creer que el fondo marino y sus restos arqueológicos se encuentran indefensos ante la acción de 'cazatesoros'.

-Es cierta. Si no se logra la protección preventiva es mucho más difícil probar que se ha llevado a cabo un delito de esta magnitud en el fondo marino que en la superficie terrestre.

-¿Qué valor tienen figuras como la zona de servidumbre arqueológicas diseñadas por la Junta?

-Las zonas arqueológicas como las zonas de servidumbre, son figuras que prevé la legislación andaluza de patrimonio histórico y es uno de los mecanismos esenciales para la protección de este patrimonio. Es el primer paso para acabar catalogándolo y protegiéndolo.


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